La diputada Paola Jiménez propuso la creación del Registro Estatal de Violentadores Vicarios, con el fin de visibilizar y documentar estas conductas, así como de impedir que las personas responsables ocupen cargos públicos o gestionen licencias, permisos o concesiones, mientras permanezcan inscritas en él.
De acuerdo con la iniciativa de reforma al Código Civil estatal, este instrumento facilitaría la coordinación entre las autoridades judiciales, administrativas y de atención a víctimas, además de generar información estadística para la formulación de políticas públicas en materia de igualdad de género y protección de la niñez.
Para ello consideró necesario reformar el Código Civil del Estado de México para incluir un Registro Estatal, establecerlo como un instrumento público a cargo del gobierno del Estado de México, a través de la Dirección General del Registro Civil, cuyo objeto es inscribir a las personas que hayan sido declaradas judicialmente responsables de ejercer violencia vicaria, conforme a una resolución firme o medida dictada por la autoridad competente.
Señala como “violencia vicaria a toda acción u omisión, mediante la cual una persona con el propósito de dañar, controlar o someter a otra, ejerce violencia, a través de terceras personas, principalmente hijas, hijos, familiares o dependientes, afectando sus derechos, bienestar o desarrollo”.
Este registro dijo tendrá como objeto documentar e identificar a las personas sancionadas o sujetas a medidas de violencia vicaria; facilitar la coordinación interinstitucional entre autoridades judiciales, administrativas, educativas y de protección de víctimas; emitir certificados de no inscripción para trámites administrativos, permisos, licencias, candidaturas o empleos públicos; servir como fuente de información estadística y de política pública para prevenir y contribuir a la protección integral de las víctimas y la no repetición de los actos de violencia.
La legisladora local consideró que el Registro Civil será responsable de la administración, resguardo y actualización del Registro, en coordinación con la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y la Fiscalía General de Justicia, garantizando la confidencialidad de los datos personales.
La inscripción en el Registro surtirá efectos para generar antecedentes públicos que podrán ser consultados por las autoridades competentes; las personas morales o instituciones que omitan verificar el estatus del solicitante serán responsables solidarios, en términos de la ley.
Deja claro que la cancelación de la inscripción procederá cuando se acredite el cumplimiento íntegro de la resolución que motivó la inscripción y no exista reincidencia; la autoridad judicial declara la inexistencia del delito o la revocación de la medida o existe error material o duplicidad en la inscripción.
La cancelación deberá resolverse en un plazo máximo de 30 días hábiles, a partir de la solicitud, previo dictamen de la autoridad competente.
