Activistas e integrantes de centros de rehabilitación del país piden aclarar al gobierno del Estado de México la clausura de diversos anexos por parte de la Fiscalía General de Justicia mexiquense por su presunta operación irregular.
Se concentraron integrantes y representantes de diversos centros de rehabilitación en la Plaza de los Mártires, con el propósito de tener un diálogo con el gobierno estatal sobre el cierre de estos espacios.
“Le pudimos dar información a la maestra (Delfina Gómez); al ratito nos va a dar chance de recibirnos, para poner en contexto toda la situación en el estado. No estamos en contra de las regularizaciones, somos organizaciones que tenemos actas constitutivas, representantes sanitarios, representantes de doctor, tenemos todo el equipo multidisciplinario”, explicó Ismael Rodríguez Flores, de la asociación CETRAPAD.
Asimismo, pidieron un cese a la criminalización de la que son objeto y, de manera paralela, harán movilizaciones de carácter pacífico, toda vez que consideren que hay un buen diálogo con el gobierno mexiquense.
Aunado a ello, informaron que podrían impulsar una ley para intervenir la cabeza de aquellas personas que se encuentran en una situación crítica o con problemas de adicción.
La Fiscalía mexiquense puso en marcha un operativo para identificar presuntas irregularidades en estos centros de adicciones. Explicaron que fueron realizadas 94 inspecciones que derivaron en el cierre de 53 establecimientos, principalmente en los municipios de Ecatepec y Nezahualcóyotl.
La autoridad tiene la sospecha de que había la comisión de algunos actos delictivos, omisión de protocolos sanitarios, entre otros, que marca la propia norma y, en consecuencia, decidieron clausurarlos.
“Algunos de estos espacios son de difícil identificación para su supervisión, ya que funcionan al interior de casas particulares o bodegas, circunstancias que facilitan que se relacionen con actividades ilícitas; aunado a ello, otros operan sin cumplir con las mínimas condiciones de seguridad y salubridad necesarias para brindar servicios de intervención y rehabilitación, además de carecer del personal capacitado o idóneo para este tipo de tratamientos”, indicó.
Se informó que en la mayoría de los establecimientos se encontraban mayores de edad en contra de su voluntad; no se contaba con el expediente clínico de cada interno, lo que supone incurrir en el delito de privación de la libertad.
Por otra parte, también identificaron que refugiaban a presuntos delincuentes, ya que, según las hipótesis de investigación, “se advierte que, en algunos de estos lugares, se desarrollan actividades ilícitas, toda vez que algunas personas internas son obligadas a participar en la venta de estupefacientes o son reclutadas para la comisión de otros delitos”.
Derivado de ello, fueron revisados 94 anexos y 53 asegurados. Se informó que fueron localizadas mil 599 personas que se encontraban albergadas en los 53 anexos y de estos, mil 518 fueron reintegradas a sus redes familiares, mientras que a otros 80 los canalizaron a algún Centro de Rehabilitación.
La Fiscalía informó que en Naucalpan rescataron a tres personas privadas de la libertad; en otro localizaron a dos menores de 12 años, presuntas víctimas de violencia; mientras que en Ecatepec fueron liberados tres menores, posibles víctimas de secuestro.
En total se anunció la detención de 8 personas identificadas como Julio César ‘N‘, Luis Antonio ‘N’ y Edgardo ‘N’ por su probable participación en el delito de secuestro; Víctor Manuel ‘N’, Francisco Javier ‘N’ y Mauricio ‘N’, por la posible privación de la libertad en agravio de 3 adultos; al igual que de Ángel ‘N’ y Ana Elena ‘N‘, por el mismo ilícito en agravio de dos menores de edad.
