Un grupo de integrantes de la organización Tamexun lleva a cabo una manifestación en la caseta de cobro de la autopista Toluca-Atlacomulco, en donde levantaron las plumas y permitieron el paso libre en ambos sentidos para exigir la reapertura de restaurantes clausurados durante la Operación Atarraya, implementada por la Fiscalía General de Justicia del Estado de México.
Los inconformes indicaron que al menos diez establecimientos permanecen cerrados desde diciembre de 2025 y fueron asegurados por presuntamente estar involucrados en algún delito como trata de blancas; sin embargo, negaron llevar a cabo este tipo de actividad.
“Son restaurantes familiares, no son negocios; ahora se dijo, de otro nivel, se vende ahí una quesadilla, no son negocios grandes, son chiquitos. Nos pusieron los sellos; ya cuando quisimos ir a abrir nosotros los negocios, nos encontramos con un sello, sin saber por qué”, dijo Gustavo Castro.
El aseguramiento de los restaurantes se realizó a partir de denuncias anónimas y, derivado de las investigaciones, continúan cerrados, lo cual ha dejado sin sustento a decenas de familias.
“Nos cerraron nuestros restaurantes, nuestro trabajo. Desde diciembre están cerrados y solo pusieron un sello. Hemos tenido diálogos y entregado papeles, pero no vemos respuesta”, expresaron.
Los manifestantes aseguraron que existen inconsistencias en el actuar de la Fiscalía, ya que la semana pasada fueron liberados 2 establecimientos que fueron clausurados por los mismos motivos que el resto de los negocios.
“La Fiscalía ya liberó 2 negocios. Con los mismos cargos, con los mismos sellos y el mismo día. Ahí entra la corrupción. Nosotros no tenemos dinero para liberar nuestros negocios”, acusaron.
Indicaron que son alrededor de diez restaurantes ubicados sobre las autopistas Toluca-Atlacomulco, a la altura de Ixtlahuaca, y en la México-Querétaro que continúan cerrados, afectando su principal fuente de ingresos.
Aunque aseguraron que ya sostuvieron reuniones con autoridades de la Fiscalía en Toluca, no han obtenido una solución, por lo cual hicieron un llamado directo al fiscal estatal para revisar la actuación de los servidores públicos que autorizaron la reapertura de dos establecimientos mientras el resto permanece clausurado.
“Tenemos miedo, pero al hambre, no al gobierno. Vivimos al día y este es nuestro sustento. Pedimos que nos liberen nuestros negocios y que se investigue por qué unos sí fueron abiertos y otros no”, concluyeron.
La manifestación provocó el libre tránsito de automovilistas en la caseta de El Dorado a la altura de Almoloya de Juárez, sin reportes de algún incidente.
