La Contraloría del Poder Legislativo del Estado de México inició 380 denuncias por diversas faltas administrativas, informó el titular del área, Juan José Hernández Vences.
Las denuncias más frecuente, de acuerdo con el funcionario, son las omisiones de respuesta a peticiones de la ciudadanía, con 40 por ciento de los casos.
En entrevista, indicó que los 3 municipios más denunciados son Tepotzotlán, con 16 casos; Naucalpan, 14; y Calimaya 10.
Además de los casos de Coyotepec, Santo Tomás y Huehuetoca, pero en general gran parte de los ayuntamientos tienen uno o más señalamientos, ya sea del año pasado o del actual.
Los principales motivos de estas denuncias son observaciones derivadas de la entrega-recepción, titulares nombrados por el ayuntamiento que no cumplen los requisitos
establecidos en la ley, por omisiones de respuesta a peticiones de los ciudadanos y por irregularidades en las sesiones de cabildo.
El año pasado iniciaron 701 denuncias, de las cuales concluyeron 607 y siete fueron por faltas graves, por lo cual fueron turnadas al Tribunal de Justicia Administrativa.
En este año llevan 380, lo cual indica que podrían estar cerrando el año con un incremento en comparación con el 2024. Van 252 concluidas, donde se incluye a algunas iniciadas el año pasado, y nuevamente tienen siete casos por faltas graves que le corresponde atender al Trijaem.
Las observaciones en la entrega recepción tienen que ver con el cambio de administración, son casos que sólo se presentan cada tres años; en los dos siguientes son esporádicas las faltas por estos hechos, sólo cuando hay ajustes en algunas áreas.
Una falta muy común en los ayuntamientos tiene que ver con omitir dar respuesta a peticiones que hacen por escrito ciudadanos y ciudadanas de su región, pues están obligados a atender todas las peticiones, en el sentido que consideren necesario, pero siempre enfocados en el tema que les presenta la población.
El no hacerlo amerita una denuncia y que el funcionario sea sancionado por amonestación, la cual puede ser pública o privada, multa, y en casos más graves, donde hay reincidencia hasta destitución o inhabilitación para ocupar cargos públicos por varios años.
El plazo conveniente que debe esperar el o la peticionaria son 15 días hábiles, después de eso se puede tomar como una omisión a sus obligaciones. También cuando la respuesta no tiene nada que ver con el tema abordado.
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