La Sala Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) determinó que la diputada federal mexiquense María Teresa Castell de Oro Palacios y Oscar Limeta Meléndez cometieron violencia política en razón de género en contra de la legisladora federal Salma Luévano Luna y de las personas transgénero, por diversas publicaciones en Twitter y por expresiones en un programa de Youtube.
Determinó dar vista a la Contraloría de la Cámara de Diputados y Diputadas federal para la imposición de la sanción correspondiente y se ordenó que una vez que cause ejecutoria la sentencia ambos deberán ser inscritos en el Registro Nacional de Personas Sancionadas en materia de Violencia Política en razón de Género.
Luévano inició un procedimiento contra Teresa Castell, legisladora por el distrito 34 de Toluca, porque desde su perspectiva cometió violencia política contra las mujeres en razón de género, por diversas expresiones expresadas a través de un canal de YouTube, y por publicaciones en Twitter en colaboración con Oscar Limeta Meléndez.
La Sala Especializada consideró que en 2 no hubo violencia, pero sí en otras expresiones de Castell en el programa y por publicaciones de Twitter, pues vulneraron el derecho al libre desarrollo de la personalidad de la denunciante, por no referirse a ella respetando su identidad y expresión de género y generaron un impacto diferenciado de su persona porque le negaron el reconocimiento como mujer y le estereotiparon negativamente al hacer referencia a su estado de salud mental.
La sala acreditó la existencia de violencia simbólica, psicológica y digital a través del lenguaje verbal y escrito discriminatorio y ordenó dar vista a la Contraloría de la Legislatura federal para que proceda a la imposición de una sanción a Teresa Castell y se impuso una multa a Óscar Limeta.
También ordenó diversos medidas de reparación y su inscripción en el Registro Nacional de Personas Sancionadas en Materia de violencia Política contra las Mujeres en razón de Género del INE y en el Catálogo de Personas Sancionadas en los Procedimientos Especializados de la Sala Especializada; así como dar vista al Instituto Nacional de las Mujeres y al Consejo para Prevenir la Discriminación para que actúen conforme a Derecho.
El magistrado Luis Espíndola Morales se manifestó a favor, pero consideró que debía analizarse el contexto y se apartó del tema de la disculpa pública, pues considero que debería ser más abierta, flexible y no sólo copiar y pegar un texto en redes sociales, sino una expresión de voluntad. Destacó que se están derribando paradigmas y resaltó que han emitido sentencias para combatir conductas como la violencia política en razón de género.
La magistrada Gabriela Villafuerte Coello señaló que las mujeres trans sufren una discriminación más profunda y leyó algunos tuits donde la legisladora Castell incurrió en violencia y desconoció la identidad de la legisladora trans con una carga de discriminación a la diputada y a la comunidad LGBTTIQ.
El magistrado presidente Rubén Lara fue el ponente y quien propuso acreditar la violencia política. A través de su cuenta de Twitter, Castell anunció que recurrirá a la Sala Superior y acusó un proceso viciado.
“Nos vamos a la Sala Superior, esto aún no se termina. Un proceso por demás VICIADO desde su inicio. Su REALIDAD JAMÁS LA PODRÁN NEGAR por más castigos y mordazas que quieran imponer”.
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