Desde los huevos y la carne al cemento y el aluminio; de las minas de arena al transporte o la paquetería: la economía de 14 municipios del Estado de México estaba totalmente controlada por el crimen organizado que operaba mediante la extorsión junto con empresarios, transportistas e incluso funcionarios a través de una red cuyo desmantelamiento parcial fue anunciado el miércoles por las autoridades.
“Fue indispensable actuar de manera conjunta entre las autoridades federales y estatales a través de operativos coordinados que permitieran desarticular sus operaciones, asegurar bienes vinculados al delito y recuperar el control del territorio”, afirmó en conferencia de prensa Omar García Harfuch, secretario de Seguridad federal.
“Era una necesidad urgente para proteger la economía local y la tranquilidad de miles de familias en el Estado de México”, la región que rodea la capital del país.
El resultado fueron ocho detenidos (desde un expendedor de carne a un empresario o una funcionaria local) y la ubicación de 52 lugares de muy distinto perfil que formaban parte de esta red controlada por la Familia Michoacana, un cártel local incluido entre los grupos designados como terroristas por Estados Unidos, con fuerte presencia al oeste del Estado de México y contra el que la actual administración ya ha actuado.
El control que este grupo tenía de toda la actividad económica en esos 14 municipios, incluido Valle de Bravo que es un popular destino turístico de fin de semana para los capitalinos, hacía que los precios se multiplicaran en estos lugares y que quienes no compraran en los locales autorizados por el cártel u optaran por salir a buscar sus productos fuera, resultaran golpeados y amenazados.
Aunque esta forma de actuar por parte de los criminales no es nueva (varios municipios de Michoacán han sufrido lo mismo), los detalles expuestos el miércoles por el fiscal del Estado de México, José Luis Cervantes, mostraban la sofisticación de la red en la que participaban los llamados “sindicatos” que desplazaron a las organizaciones legítimas de transporte.
Según explicó, uno de los detenidos era un conocido empresario que gestionaba de maneral “gerencial” (en palabras del fiscal) parte del esquema de extorsión. Otro se encargaba de levantar a los trabajadores que usaban materiales de construcción comprados en lugares no permitidos.
Una mujer arrestada se encargaba de dar los “recibos” que indicaban que la persona estaba autorizada por el grupo criminal para comprar y mover cualquier mercancía.
Mientras que la funcionaria local arrestada era una regidora municipal que invitaba a los extorsionados a un hotel y, si no les convencía para pagar, les mostraba los caballos que tenía diciéndoles que eran de los narcos más poderosos del lugar.
“La paquetería que ingresaba a ciertas zonas del estado tenía que hacer escala en algunos almacenes del lugar y los señores del lugar decían ‘este paquete circula, este paquete no circula”, ponía como ejemplo el fiscal.
El operativo, que según Cervantes sigue vivo, forma parte de las acciones que está tomando la actual administración de Claudia Sheinbaum para luchar contra el crimen organizado en un momento en el que no cesa la presión del presidente estadounidense, Donald Trump, que exige resultados contundentes en la lucha contra los cárteles y la migración irregular mientras impone aranceles a distintos productos.
En concreto, García Harfuch, es la principal acción desde que se lanzó una nueva estrategia contra la extorsión, uno de los delitos de alto impacto que se ha mantenido al alza en los últimos 4 años.
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