La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) informó que los grupos criminales dedicados a la extorsión en el territorio estatal han tenido perdidas de hasta 800 millones de pesos desde 2022, al dejar de percibir 360 millones por operaciones no realizadas (extorsiones frustradas) y el aseguramiento de 24 inmuebles de operación valuados en 440 millones, los cuales están en vías de extensión de dominio.
La institución destacó que las principales organizaciones dedicadas a estos delitos en territorio mexiquense son la Familia Michoacana y Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), así como 14 bandas locales y 9 sindicatos.
Desde finales de 2022 fueron detenidos 593 sospechosos, 380 de estos en flagrancia, y 213 por cumplimiento de órdenes de aprehensión. Además, 274 fueron sentenciados por estos delitos.
En 2023 se documentaron 4 mil 10 extorsiones, de las cuales 2 mil 659 fueron telefónicas, 242 por medios informativos, 97 escritas y mil 012 fueron presenciales.
El análisis arrojó que la extorsión indirecta no necesariamente tiene su origen en el Estado de México, ya que vienen desde penales en Jalisco, Tamaulipas, Ciudad de México, entre otras entidades.
Los municipios con mayor incidencia fueron 20, pero destacan principalmente Toluca, Ecatepec, Nezahualcóyotl, Chimalhuacán y Naucalpan.
La institución destacó que desde 2022 se iniciaron estrategias de combate al delito de extorsión en todas sus modalidades, ya que se consideró con un tema de atención prioritaria, ante la tendencia a la alza desde 2017.
Y es que la FGJEM propuso a la legislatura adicionar el artículo 199 BIS al Capítulo Primero “Delitos Contra el Consumo” del Subtitulo Tercero “Delitos Contra la Economía” del Código Penal del Estado de México, con el objetivo de ejercer acciones contundentes e inmediatas contra delincuentes que extorsionen a personas, unidades económica, para obligarlos a vender o adquirir bienes, insumos o servicios en determinados puntos, así como poner precios por encima del mercado.
La propuesta fue aprobada y fue publicada en el Periódico Oficial “Gaceta del Gobierno“, por lo que comenzaron a atender las extorsiones de oficio, es decir, sin necesidad de una denuncia exclusivamente.
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