La situación de impagos a extrabajadores del ayuntamiento de Toluca se agrava a nada de concluir la actual administración, ya que al menos 56 exempleados municipales aún no han recibido su finiquito por jubilación, algunos de ellos tras más de 5 años de espera.
El Ayuntamiento de Toluca enfrenta una deuda superior a los 400 millones de pesos con extrabajadores, según declaraciones de Mario Cardoso, décimo regidor del municipio. Esta problemática se suma a otros adeudos con proveedores y con el Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios (ISSEMyM), generando preocupación sobre el manejo financiero de la administración municipal.
El abogado laboral Irving García Suárez señaló que la falta de pago no se debe a la insuficiencia de recursos, sino a una “falta de voluntad” por parte de las autoridades municipales, además de pactos políticos que han garantizado impunidad. Durante casi 3 administraciones municipales no se ha sancionado a ningún responsable por estas irregularidades.
El litigante aseguró que existen indicios de desvío de los fondos destinados a estos pagos, aunque no se ha determinado con claridad su destino. Este supuesto desvío agrava aún más la situación de quienes esperan el cumplimiento de sus derechos laborales.
García Suárez explicó que la Ley Orgánica Municipal del Estado de México establece que la falta de pago en finiquitos está relacionada con las disposiciones laborales y la responsabilidad de las autoridades en el manejo de recursos. En particular, el artículo 48 de esta ley obliga a los Ayuntamientos a contar con un fondo de contingencia para atender litigios laborales y evitar deudas que comprometan las finanzas municipales.
Esto implica que el Ayuntamiento tiene el deber de gestionar los recursos necesarios para cumplir con sus obligaciones laborales, como el pago de finiquitos. Sin embargo, Mario Cardoso, décimo regidor de Toluca, confirmó que la administración actual, encabezada por Juan Maccise, no tiene previsto liquidar estos adeudos, al igual que ocurrió durante las gestiones de Juan Rodolfo Sánchez Gómez y Raymundo Martínez Carvajal.
El abogado subrayó que, si el Ayuntamiento no cumple con el pago, los principales responsables son el presidente municipal y el tesorero, quienes podrían enfrentar sanciones administrativas, incluyendo ser llamados a rendir cuentas por incumplimiento de sus obligaciones. Además, advirtió que la acumulación de demandas laborales genera riesgos financieros para el municipio, ya que los laudos y multas pueden comprometer significativamente el presupuesto.
Enfatizó que el derecho a recibir finiquitos está protegido por la Ley Federal del Trabajo, que exige su pago oportuno.
Entre las afectadas se encuentra Ofelia, quien trabajó 32 años en el ayuntamiento y ha recurrido a diversas instancias, como la Fiscalía Anticorrupción y el Sistema de Administración de Justicia del Estado de México (SAIMEX), para exigir justicia. Sin embargo, el proceso ha sido lento y frustrante, dejando a ella y a otros extrabajadores en un limbo legal.
La falta de respuesta ha llevado a los extrabajadores a organizarse colectivamente. Actualmente, 56 exempleados han contratado asistencia legal para reclamar sus derechos, algunos de ellos con adeudos que superan los 200 mil pesos.
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