Isidro Pastor Medrano, exdirigente estatal del PRI en el Estado de México, recuperó su libertad, luego de que una jueza federal concluyera que no había elementos suficientes para vincularlo a proceso por operaciones con recursos de procedencia ilícita. Con esta resolución, terminó un periodo de cinco días en el Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Santiaguito, en Almoloya de Juárez.
La decisión se tomó durante la audiencia de continuación donde se revisó a detalle la carpeta de investigación presentada por la Fiscalía General de la República. Tras evaluar los argumentos de ambas partes, la jueza María Yasmín Ambriz López determinó que las pruebas no cumplían los estándares necesarios para iniciar un proceso penal formal.
El procedimiento arrancó el 21 de noviembre, día de la detención de Pastor Medrano en la zona conurbada Toluca–Metepec. En una primera evaluación, el juez responsable impuso prisión preventiva justificada por riesgo de fuga, lo que llevó al exfuncionario a ingresar al penal mientras su defensa solicitaba la duplicidad del plazo constitucional para preparar alegatos.
Durante la audiencia de continuación, el Ministerio Público expuso imputaciones relacionadas con la compra de un inmueble en 2013 y movimientos financieros no comprobados. La defensa, integrada por una abogada principal y dos colaboradores, desacreditó las acusaciones mediante evidencia documental y argumentos técnicos. Tras horas de exposición, la jueza concluyó que el expediente no aportaba sustento sólido para proceder.
Tras salir del penal, Pastor Medrano difundió un mensaje en redes sociales en el que describió su experiencia en reclusión como un periodo que le permitió reflexionar. Agradeció el trato recibido por parte del personal penitenciario y mencionó los testimonios compartidos por internos con los que coincidió durante su estancia.
Sin hacer referencias partidistas, expuso la necesidad de impulsar cambios en el sistema de justicia y pidió a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo considerar un programa nacional de reinserción denominado “segunda oportunidad”. Señaló que esta propuesta podría ayudar a personas no reincidentes en su retorno a la vida social mediante esquemas de supervisión y tutoría.
Asimismo, solicitó la devolución de documentos y tarjetas bancarias que quedaron bajo resguardo durante su detención.
Hasta ahora, ni la Fiscalía General de la República ni la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana han emitido postura sobre la resolución judicial. El expediente, que se centraba en presuntas irregularidades financieras durante su carrera como servidor público, queda cerrado en esta fase inicial sin un proceso penal en curso.
Pastor Medrano, quien ha desempeñado cargos como diputado local y secretario de Movilidad, reiteró su disposición a colaborar con las autoridades y su interés en enfocarse en temas de equidad y reforma penitenciaria.
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