En días pasados, se informó sobre el derroche de más de 12 mdp en que incurrió el Poder Judicial de Toluca, a cargo de Ricardo Sodi Cuéllar, para la construcción de la primera etapa de oficinas, juzgados y estacionamientos.
Lo anterior fue solo el inicio, ya que para iniciar tales obras se dilapidaron más de 140 mdp. Según la Plataforma Nacional de Transparencia, en seguimiento con la indagatoria, en donde se aprecia cómo la impartición de justicia en Edomex pasa a segundo término, cuando se trata de tener una sede de lujo para el confort de los togados.
El documento en cuestión es el PJ-DO-LP-007-2022, que consiste en la construcción de la primera etapa de oficinas, juzgados y estacionamientos en la casa número 303 y 305 de Leona Vicario, en Toluca, Edomex.
La cantidad sufragada en el documento fue de 140 millones 979,25.27 pesos; el millonario contrato benefició a las empresas HR Planeaciones Constructivas, S.A. de C.V y Consorcio Constructor Trazza Design, S.A. de C.V. En el contrato se señala que los recursos provienen del Programa de Acciones para el Desarrollo, cuyo fin es fomentar el desarrollo, bajar la pobreza, procurar la seguridad económica, pública y social en el Edomex, lo cual evidentemente es un contrasentido por el destino final de los cuantiosos recursos.
