El diputado local Octavio Martínez Vargas anunció que la siguiente semana presentará al pleno del Congreso local una iniciativa para reformar la Ley de Amnistía del Estado de México, con el fin de que esta norma esté vigente y se puedan corregir los errores que cometa el Estado y tenga a gente inocente tras las rejas, sin tener responsabilidad alguna.
Por ello, llevo a cabo un foro en el cual escuchó diversas las propuestas de los colectivos que incluirá en el documento final que integre, a partir de quienes tienen conocimiento real del agravio, del dolor y de la injusticia de lo que están padeciendo por las irregularidades que se comenten en los procesos.
Señaló que el compromiso de la bancada de Morena con las víctimas de delitos y de la injusticia es que se cumpla el Plan de Desarrollo, por lo que espera que este foro sirva para que la Defensoría Pública, la Fiscalía de Justicia, el Poder Judicial y particularmente el Congreso puedan dar respuesta jurídica a sus demandas.
Por su parte, José Carlos Neyra Cruz, encargado del despacho de la Defensoría Pública, resaltó que este foro es indispensable para avanzar a una justicia más humana y alineada a los principios constitucionales que rigen a México, donde la amnistía no es un acto de indulgencia sino un mecanismo constitucional para corregir injusticias, excesos o fallas estructurales del sistema penal.
La amnistía, reconoce que el Estado también puede equivocarse y cuando esto ocurra deben existir mecanismos para corregirlo con la misma fuerza que ejerce su potestad punitiva.
A partir de la experiencia que les da llevar a cabo la defensa pública, detectó varios elementos a considerarse en la discusión legislativa: localizar los perfiles de vulnerabilidad estructural, como son pobreza extrema, alfabetización, ausencia de traductor o intérprete; garantizar una defensa técnica adecuada y revisar las detenciones sin respeto a los derechos humanos.
Además, se necesita revisar a las mujeres criminalizadas y privadas de la libertad, identificar los patrones que se repiten, si son coautoras, si sólo eran acompañantes, madres encarceladas en rol de cuidadoras, integrantes de pueblos indígenas, entre otros aspectos.
Aunado a ello se tiene que tomar en cuenta la prisión preventiva prolongada, lo cual demuestra diversos retos, la existencia de procedimientos largos y burocráticos, donde se necesita establecer criterios para evitar esto.
Desde la experiencia que tienen en la defensoría pública recomendó establecer un procedimiento ágil y lo más claro posible para la sociedad; ampliar los supuestos de vulnerabilidad; si se trata de mujeres víctimas de violencia previa; aumentar la protección de ayuda a personas de pueblos originarios, personas con discapacidad, jóvenes detenidos por delitos de bajo impacto y personas que actuaron bajo coacción.
También se debe implementar un Observatorio de Amnistía con participación del Poder Judicial, la Fiscalía de Justicia, la sociedad civil, la Comisión de Derechos Humanos, la Consejería Jurídica y acompañar las medidas con programas de capacitación laboral, apoyo psicológico, mediación comunitaria y seguimiento de un proceso penal.
“La Ley de Amnistía no es una concesión. Es una herramienta de justicia restaurativa, de corrección institucional, de profunda humanidad” concluyó.
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