Las 91 personas juzgadoras que resultaron electas para el Poder Judicial del Estado de México (PJEM) y recibieron su constancia de mayoría, deberán esperar que los tribunales resuelvan las impugnaciones que se presentaron para que sus triunfos queden firmes y puedan entrar en funciones en el mes de septiembre.
La ley establece que las personas electas tomarán protesta de su cargo ante la Legislatura el 5 de septiembre de este año y el Órgano de Administración Judicial inscribirá a las personas electas al órgano judicial que correspondan, a más tardar el 22 de septiembre y por esta ocasión durarán en el cargo 8 años, es decir hasta el 2033.
El periodo para las magistradas y magistrados del Tribunal de Disciplina vencerá en el 2030 para tres de ellos y en el 2033 para los dos restantes.
Esto se determinará en función del número de votos que obtenga cada candidatura, correspondiendo un periodo mayor a quienes alcancen mayor votación.
Actualmente hay una presidencia interina que recae en el magistrado Fernando Díaz Juárez, quien debe fungir en el cargo hasta que entre en funciones la presidencia electa, en el mes de septiembre, fecha en la cual desaparecerá el Consejo de la Judicatura, para dar paso al Tribunal de Disciplina y al Órgano de Administración Judicial.
Luego que el Instituto Electoral del Estado de México (IEEM), entregó las constancias de mayoría, corresponde a los órganos jurisdiccionales resolver las impugnaciones que se presenten antes que la Legislatura instale el primer periodo ordinario de sesiones, el próximo 5 de septiembre.
La Constitución establece que la administración del Poder Judicial estará a cargo de un Órgano de Administración Judicial, el cual contará con independencia técnica y de gestión, será responsable de la administración y de la carrera judicial.
Le corresponderá determinar el número de competencias y especialización por materia, de salas, juzgados o tribunales; el ingreso, permanencia y separación del personal, así como su formación, promoción y evaluación de desempeño y la inspección del cumplimiento de las normas de funcionamiento administrativo.
Este se integrará por cinco personas que durarán en su cargo 6 años improrrogables de las cuales una será designada por el Poder Ejecutivo, uno por la Legislatura y tres por el pleno del Tribunal Superior de Justicia mediante votación calificada de 2 tercios de sus integrantes presentes. La presidencia del órgano durará 2 años y será rotatoria en términos de lo que las leyes establezcan.
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