El pleno del Congreso del Estado de México turnó a comisiones la iniciativa de ley de la gobernadora Delfina Gómez Álvarez para precisar en la Constitución estatal el requisito de nacionalidad única para ejercer la gubernatura, y quienes tengan doble nacionalidad puedan optar por renunciar a la que se contraponga con la ley, por la importancia de sus funciones y atribuciones.
La propuesta establece que las personas aspirantes deberán renunciar a cualquier otra nacionalidad antes de registrar su candidatura y prohíbe adquirirla o solicitarla durante el ejercicio del cargo, que dura seis años.
Esto para armonizar la legislación local con la Constitución federal, lo cual se suma a una iniciativa similar que presentó el diputado Maurilio Hernández, con el mismo objetivo. Esto luego de que se hizo una reforma a nivel nacional el 7 de octubre de este año.
En la argumentación se precisa que, desde 1998, el Estado de México incorporó a su carta magna el requisito de no contar con una o más nacionalidades distintas a la mexicana para ser persona gobernadora; sin embargo, considera necesario armonizar esta disposición con las reformas recientes a la Constitución federal, para que tengan la posibilidad de renunciar a una nacionalidad distinta a la mexicana.
Como parte de esta prohibición se considera el uso de pasaporte o documento de identidad expedido por un Estado extranjero, el ejercicio de los derechos políticos inherentes a la ciudadanía ante este y el acogerse a su protección diplomática.
En la iniciativa también se usa el lenguaje incluyente para visibilizar la participación de las mujeres en el ejercicio de los cargos públicos y garantizar una redacción normativa a nivel constitucional acorde con los principios de igualdad sustantiva y no discriminación.
En la misma sesión se dio cuenta de otra iniciativa de la mandataria estatal, con la cual se busca autorizar al ayuntamiento de Chicoloapan a suscribir un convenio de regularización de adeudos con la Comisión Federal de Electricidad, por 58.9 millones, a pagar en un plazo de hasta 45 meses, luego de aplicar una reducción a la mitad de la deuda histórica, que actualmente asciende a 117.8 millones de pesos.
La cantidad estaría sujeta al esquema de pago ‘peso por peso’ y las obligaciones derivadas del convenio se cubrirían con cargo y afectación o garantía de pago, mediante la retención de las participaciones federales susceptibles de ministración al municipio durante la vigencia del convenio.
Se enfatiza que el adeudo original es prácticamente impagable y compromete la continuidad de los servicios, pues representa un impacto financiero importante para la hacienda municipal, por lo que buscan este tipo de acuerdos.
